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Edificios de la playa de Xeraco podrán poner ascensor sobre espacio público
Los edificios que se construyeron en la playa de Xeraco en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado y que no disponen de ascensor porque entonces no era obligatorio podrán ocupar espacio de dominio público para instalar ese aparato.
Así lo ha determinado la Generalitat Valenciana, que ponía punto y final a un trámite que el ayuntamiento de esta localidad inició hace varios años con la finalidad de conseguir que, si los propietarios lo desean, no haya ningún bloque de viviendas sin ascensor.
El problema radicaba en que los entre quince y veinte edificios que están en esa situación no podían acometer la instalación del elevador ni por el interior de los bloques ni por espacios privativos. El ayuntamiento y la Generalitat consideran apropiado que, solo para ese tipo de obras, se pueda ocupar el espacio estrictamente necesario de dominio público, incluyendo aceras en el caso de que no exista otra alternativa.
De esa manera, se consigue un doble objetivo. Por una parte, la pretensión del ayuntamiento de garantizar la accesibilidad de todas las viviendas de la playa, tanto a personas discapacitadas o con movilidad reducida como a aquellos que, por su edad, ya les es muy difícil subir y bajar escaleras para acceder a apartamentos que están en la tercera, cuarta e incluso quinta planta.
Alianza Comercial entre Muebles La Fábrica y Grupo Teldomo
Muebles La Fábrica, tienda de muebles y decoración y Grupo Teldomo, establecen alianza comercial para llegar al corazón de los valencianos.
Campaña de ayudas a la rehabilitación y accesibilidad
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La Generalitat Valenciana publica las bases de las ayudas de rehabilitación de viviendas que subvenciona hasta un 35% de las obras y un 10% adicional
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) las bases que regulan los programas de ayudas para el Fomento de la Rehabilitación Edificatoria y de Apoyo a la Implantación del Informe de Evaluación de Edificios, IEE, dentro del Plan Estatal de Vivienda.
La subvención para rehabilitación será hasta un 35% de las obras y de un 10% adicional, que la Generalitat incorpora, como ya hizo por primera vez en la anterior convocatoria. Se podrá subvencionar hasta 2.000 euros por vivienda en obras de conservación como la estructura de los edificios, fachadas o las cubiertas, así como para obras de sostenibilidad que impliquen mejorar la calidad térmica del edificio e instalación de energía renovable; y de hasta 4.000 euros por vivienda en obras de accesibilidad para la instalación de ascensores o rampas adaptadas.
Esas ayudas se enmarcan en el objetivo de la Generalitat, a través del departamento que dirige María José Salvador, de dar un nuevo impulso a la rehabilitación de edificios y viviendas.
Programa de Fomento de la rehabilitación edificatoria
En la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios, la conselleria quiere potenciar los procesos de rehabilitación en los ámbitos de mayor vulnerabilidad y contribuir a resolver los problemas de accesibilidad y eficiencia energética, patologías estructurales o adecuación de instalaciones del edificio. Asimismo estas ayudas tienen como objetivo reactivar el sector de la construcción.
Pueden solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidad de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas y tendrán preferencia las obras en edificios en los que al menos el 60% de los propietarios tenga ingresos ponderados inferiores a 6,5 veces el IPREM. También tendrán la consideración de beneficiarios las administraciones públicas y demás entidades de derecho público que sean propietarias de inmuebles destinado a alquiler de viviendas.
Pueden optar a las ayudas los edificios de residencia colectiva, construidos antes de 1981, con al menos el 70% de su superficie sea usada como vivienda y que sea el domicilio habitual de sus propietarios o usuarios. Excepcionalmente, se admitirán edificios que, sin cumplir estas condiciones, sean de viviendas no ubicados en zonas de playa o de segunda residencia, con graves daños estructurales o de otro tipo identificados en el IEE como de daño alto y de intervención urgente. También, cuando se trate de edificios finalizados antes del 2000 y que vayan a ser destinados íntegramente al alquiler, durante al menos diez años a contar desde la recepción de la ayuda.
Se considerarán actuaciones subvencionables de conservación, las obras para subsanar las deficiencias detectadas por el IEE sobre cimentación, estructura, instalaciones, cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos comunes; así como las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de adaptarlas a la normativa vigente.
En cuando a la mejora de la calidad y sostenibilidad, se podrá subvencionar la mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética, la instalación de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes. Igualmente la instalación de equipos de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes y de las instalaciones que favorezcan el ahorro de agua.
En materia de accesibilidad se podrá pedir ayudas para la instalación o renovación de ascensores, instalación de salvaescaleras u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores, y dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior.
El plazo para solicitar estas ayudas será de dos meses a partir del día siguiente de que se publique la convocatoria correspondiente en el DOGV
Apoyo a la Implantación del Informe de Evaluación de Edificios
De las ayudas para la Implantación del Informe de Evaluación de Edificios se podrán beneficiar las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios o personas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que hubieren registrado el IEE con posterioridad al 26 de julio de 2016.
La subvención máxima será de 20 euros por cada una de las viviendas de las que conste el edificio, y de 20 euros por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 500 euros por el edificio, ni el 50 por 100 del coste del informe. En su concesión se priorizará la antigüedad del edificio, el número de viviendas y la calidad constructiva según la categoría catastral.
El IEE analizará de manera detallada, los aspectos relacionados con el estado de conservación del edificio, la determinación de si el edificio es susceptible o no de incorporar ajustes razonables en materia de accesibilidad, y la evaluación de la eficiencia energética del edificio.
La Generalitat, de forma adicional a las ayudas que se financiarán por el Ministerio de Fomento, concederá una ayuda máxima de 8 euros por cada una de las viviendas de las que conste el edificio, y de 8 euros por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 200 euros por el edificio, ni el 20 por 100 del coste del Informe.
La obligatoriedad del IEE se establece para los edificios de residencia colectiva con una antigüedad superior a 50 años y los que pretendan acogerse a ayudas públicas para su rehabilitación. En ese sentido, los edificios que el 28 de junio de 2013 tuvieran 50 años, deberán aportar el IEE antes del 28 de junio del 2018 y los que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años, a partir del 28 de junio de 2013 tendrán un plazo de 5 años para hacer el informe partir de la fecha en que cumplen 50 años.
Presupuesto
En cuanto al presupuesto, el caso de las ayudas a la rehabilitación, el ministerio aportará 17.321.838 euros y la Generalitat 2.084.083 euros. Así, el total asciende a 19.405.921 euros frente a los 18.507.371 euros del ejercicio anterior.
En relación al Informe de Evaluación de Edificios, el presupuesto también se incrementa con respecto a 2016, ya que se incorpora, como novedad, una aportación de la Generalitat de 133.600 euros, que viene a reforzar el presupuesto del Ministerio de Fomento de 334.000 euros. De esta forma, el presupuesto global se cifra en 467.600 euros.
400.000 edificios con problemas de accesibilidad avivan el interés de las compañías del sector.
La instalación de ascensores en los 400.000 edificios antiguos de cuatro y cinco plantas con problemas de accesibilidad que hay en España despierta la atención de las compañías del sector, que esperan incrementar su actividad a un año de que venza el plazo para cumplir con la Ley de Accesibilidad.
En 2015, en España se instalaron un total de 14.396 ascensores -obra nueva y rehabilitación- que generaron un volumen de negocio de 2.742 millones de euros, cifra que incluye no sólo los elevadores sino también las actividades de conservación y exportación de productos.
De ellos, aproximadamente un 10 % correspondió a ascensores de rehabilitación, según el presidente de la comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Española de Empresas de Ascensores (Feeda), José Manuel Rodríguez.
En esta categoría se incluyen, en su mayoría, aquellos «elevadores que se instalan de forma anexa a los edificios rompiendo las fachadas para dar acceso».
Estos ascensores, «más allá de aportar accesibilidad», suponen para el sector «una vía alternativa de ingresos en el contexto actual de escasa obra nueva», señala Rodríguez, quien pronostica un futuro de crecimiento de acuerdo al potencial de esta área concreta de actividad.
Según el último censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había 419.379 viviendas de cuatro y cinco alturas con problemas de accesibilidad en 2011, de los que una buena parte se debía a la carencia de ascensor, indican fuentes del sector consultadas por Efe.
Al año se instalan del orden de 5.000 unidades, 20.000 desde 2011, calcula el gerente de Orona, Iñaki Aranburu, por lo que el sector estima que actualmente hay unos 400.000 edificios inaccesibles.
La mayoría de estos edificios fueron construidos antes de los años sesenta, cuando la ley no obligaba a instalar un ascensor en los inmuebles con menos de seis alturas, y se ubican en la periferia de las grandes ciudades.
Aranburu explica que, aunque algunas de estas viviendas ya tienen ascensor, una buena parte todavía no, por lo que «las diferentes administraciones deberían impulsar de una vez por todas programas de ayudas para que se cumpla el Real Decreto Legislativo 1/2013 de accesibilidad».
El mismo establece que todas las viviendas antiguas deberán acometer «ajustes razonables de accesibilidad» antes del próximo 4 de diciembre de 2017, lo que «obliga a las comunidades de propietarios a la supresión de escaleras, provisión de rampas o instalación de ascensores», explica Aranburu.
El coste medio de un elevador de este tipo está entre los 60.000 y 100.000 euros, obra incluida, lo que puede suponer «una barrera económica» para las comunidades de vecinos, señala Rodríguez, que también es el director de desarrollo de negocio de Kone.
El gerente de Duplex Elevadores, Fernando Tobar, afirma que, de todo el presupuesto, lo más caro es la obra, ya que «un ascensor en sí puede costar 18.000 euros, pero hay que pagar también a un arquitecto y obtener los permisos».
«Los vecinos que se animan con el ascensor saben que lo más probable es que tengan que pagar una alta derrama, de hasta 6.000 euros por vecino, lo que muchas veces provoca que se echen para atrás a la espera de subvenciones públicas», explica el responsable de Feeda.
Estas ayudas públicas pueden llegar a financiar más del 50% de la obra, aunque su cuantía es variable en cada región y municipio.
En los últimos cinco años ha habido una «sequía de ayudas, que ahora parecen remontar», afirma Tobar, aunque, como el resto del sector, coincide en señalar que estas ayudas son muy variables en el tiempo y que la Administración se puede demorar hasta un año en pagar las facturas.
Respecto a los plazos, un ascensor puede estar instalado en cuestión de 3 meses, aunque el sector apunta que el plazo se puede alargar a la espera de que los ayuntamientos concedan los permisos y se formalice la cesión de 2 metros cuadrados de suelo público -frente al portal- para la base del elevador.
De cara al futuro, el sector prevé que con el cumplimiento de la ley se registre un incremento en este área de negocio -que «ha mantenido la actividad en los duros ocho años de la crisis», destaca Aranburu- aunque reconoce que la demanda está muy anclada al flujo de subvenciones.