La instalación de ascensores en los 400.000 edificios antiguos de cuatro y cinco plantas con problemas de accesibilidad que hay en España despierta la atención de las compañías del sector, que esperan incrementar su actividad a un año de que venza el plazo para cumplir con la Ley de Accesibilidad.
En 2015, en España se instalaron un total de 14.396 ascensores -obra nueva y rehabilitación- que generaron un volumen de negocio de 2.742 millones de euros, cifra que incluye no sólo los elevadores sino también las actividades de conservación y exportación de productos.
De ellos, aproximadamente un 10 % correspondió a ascensores de rehabilitación, según el presidente de la comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Española de Empresas de Ascensores (Feeda), José Manuel Rodríguez.
En esta categoría se incluyen, en su mayoría, aquellos «elevadores que se instalan de forma anexa a los edificios rompiendo las fachadas para dar acceso».
Estos ascensores, «más allá de aportar accesibilidad», suponen para el sector «una vía alternativa de ingresos en el contexto actual de escasa obra nueva», señala Rodríguez, quien pronostica un futuro de crecimiento de acuerdo al potencial de esta área concreta de actividad.
Según el último censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había 419.379 viviendas de cuatro y cinco alturas con problemas de accesibilidad en 2011, de los que una buena parte se debía a la carencia de ascensor, indican fuentes del sector consultadas por Efe.
Al año se instalan del orden de 5.000 unidades, 20.000 desde 2011, calcula el gerente de Orona, Iñaki Aranburu, por lo que el sector estima que actualmente hay unos 400.000 edificios inaccesibles.
La mayoría de estos edificios fueron construidos antes de los años sesenta, cuando la ley no obligaba a instalar un ascensor en los inmuebles con menos de seis alturas, y se ubican en la periferia de las grandes ciudades.
Aranburu explica que, aunque algunas de estas viviendas ya tienen ascensor, una buena parte todavía no, por lo que «las diferentes administraciones deberían impulsar de una vez por todas programas de ayudas para que se cumpla el Real Decreto Legislativo 1/2013 de accesibilidad».
El mismo establece que todas las viviendas antiguas deberán acometer «ajustes razonables de accesibilidad» antes del próximo 4 de diciembre de 2017, lo que «obliga a las comunidades de propietarios a la supresión de escaleras, provisión de rampas o instalación de ascensores», explica Aranburu.
El coste medio de un elevador de este tipo está entre los 60.000 y 100.000 euros, obra incluida, lo que puede suponer «una barrera económica» para las comunidades de vecinos, señala Rodríguez, que también es el director de desarrollo de negocio de Kone.
El gerente de Duplex Elevadores, Fernando Tobar, afirma que, de todo el presupuesto, lo más caro es la obra, ya que «un ascensor en sí puede costar 18.000 euros, pero hay que pagar también a un arquitecto y obtener los permisos».
«Los vecinos que se animan con el ascensor saben que lo más probable es que tengan que pagar una alta derrama, de hasta 6.000 euros por vecino, lo que muchas veces provoca que se echen para atrás a la espera de subvenciones públicas», explica el responsable de Feeda.
Estas ayudas públicas pueden llegar a financiar más del 50% de la obra, aunque su cuantía es variable en cada región y municipio.
En los últimos cinco años ha habido una «sequía de ayudas, que ahora parecen remontar», afirma Tobar, aunque, como el resto del sector, coincide en señalar que estas ayudas son muy variables en el tiempo y que la Administración se puede demorar hasta un año en pagar las facturas.
Respecto a los plazos, un ascensor puede estar instalado en cuestión de 3 meses, aunque el sector apunta que el plazo se puede alargar a la espera de que los ayuntamientos concedan los permisos y se formalice la cesión de 2 metros cuadrados de suelo público -frente al portal- para la base del elevador.
De cara al futuro, el sector prevé que con el cumplimiento de la ley se registre un incremento en este área de negocio -que «ha mantenido la actividad en los duros ocho años de la crisis», destaca Aranburu- aunque reconoce que la demanda está muy anclada al flujo de subvenciones.